7MA Conferencia de Examen: La tiranía del consenso y el peligro de la prohibición de las armas autónomas
Gisela Luján Andrade

En el último día de la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, aún no existe un panorama claro sobre el camino que siguen las discusiones sobre los sistemas de armas autónomas. Sobre la mesa, está la propuesta de un mandato para negociar un Protocolo sobre estos sistemas, pero la incapacidad de los Estados para siquiera aprobar la agenda – «consenso manda» -, ha obligado a que las discusiones alrededor de esta propuesta se hagan a puerta cerrada y sin presencia de los observadores. Este desacuerdo resume muy bien el porqué el proceso avanza tan lentamente en este foro. El consenso, que exige que todos los Estados estén cómodos con las decisiones tomadas al interior de la Convención, se ha convertido en un veto de facto, lo que anuncia que cualquier acuerdo al que se llegue, será resultado de preocupantes sacrificios para la protección de los civiles que viven bajo la amenaza de los conflictos armados.
Ginebra, 20 de noviembre de 2026. A unas horas de finalizar la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), y con casi todas las sesiones dedicadas a los sistemas de armas autónomas en modo informal (sin transmisión en directo vía UNWEB TV), la pregunta es si los Estados estarán a la altura de los desafíos humanitarios que plantea el avance de las tecnologías autónomas y la inteligencia artificial en la guerra, así como si acordarán iniciar negociaciones para establecer normas jurídicamente vinculantes sobre estos sistemas. ¿O es que más bien dejarán que la burocracia diplomática siga manteniendo las decisiones internacionales desconectadas de una realidad violenta que ya está causando daños irreparables?
La imposibilidad de acordar el paso a sesiones formales, tras el cuestionamiento planteado por Rusia a la participación de observadores -principalmente de la Unión Europea- fue una de las primeras señales de las dificultades políticas que marcarían esta Conferencia. Desde el primer día quedó en evidencia que el respaldo expresado por numerosos Estados y organizaciones de la sociedad civil a la apertura de negociaciones para un tratado que establezca prohibiciones y restricciones a los sistemas de armas autónomas no bastaría, por sí solo, para garantizar que ese paso pudiera darse.

Más de una década de deliberaciones. Aportes jurídicos y técnicos recogidos en el “conjunto de elementos” aprobado en septiembre de 2026 por el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Armas Autónomas Letales que deberían servir como base para avanzar hacia un instrumento vinculante, aunque con cuestiones éticas y de defensa de derechos humanos que debieron dejarse de lado para lograr su aprobación. Repetidos llamados a las negociaciones por parte del Secretario General de Naciones Unidas, incluyendo su más reciente llamado difundido en la inauguración de la Conferencia de Examen. Un amplio respaldo político para iniciar las negociaciones de un instrumento vinculante sobre estos sistemas, puesto en evidencia con el apoyo o apertura a acordar un mandato para negociar un instrumento jurídicamente vinculante de 98 Estados, durante los dos primeros días de la Conferencia, según un monitoreo realizado por Stop Killer Robots. Todos estos elementos indicarían que no hay duda: en esta semana se acordaría comenzar la negociación de un tratado que por fin le ponga un alto a las máquinas que pueden decidir sobre la vida de seres humanos. Pero nada más alejado de la realidad.
Nada de esto puede asegurar que esta Conferencia cumpla con la responsabilidad de avanzar hacia normas internacionales que protejan la vida, la seguridad y la dignidad de las personas frente al uso de máquinas capaces de seleccionar y atacar objetivos. Y la razón de ello reside en la aplicación del mecanismo del consenso.
El bloqueo inicial en torno a los procedimientos, que impidió alcanzar un acuerdo por falta de consenso, es una muestra más de por qué estas discusiones llevan más de una década atrapadas en los lentos ritmos diplomáticos, mientras la incorporación de tecnologías autónomas y herramientas de inteligencia artificial a las operaciones militares plantea riesgos concretos para la población civil. Sus consecuencias pueden recaer de manera desproporcionada sobre comunidades que ya viven en territorios atravesados por conflictos armados y sobre poblaciones históricamente expuestas a la violencia y la discriminación.
Esta regla, concebida como una garantía de acuerdo entre los Estados, ha llegado a operar como un veto de facto pues basta con que un Estado se oponga para impedir que una posición respaldada por muchos otros se convierta en una decisión colectiva. De esta forma, la herramienta que en principio busca que un acuerdo entre Estados no incomode a ninguno, puede terminar convirtiéndose en un mecanismo que bloquea no solo la voluntad de numerosos Estados, sino también impida que se responda con prontitud a exigencias humanitarias urgentes.
Ante la urgencia, solo una salida
Tal y como lo demuestran diversos reportes, existe evidencia del “uso y prueba de sistemas comprendidos dentro de la categoría de sistemas armas autónomas”, entre ellos, sistemas que tienen la capacidad de detectar y asesinar personas de manera autónoma, como se ha registrado, en Ucrania; o sistemas de inteligencia artificial entrenados para generar sugerencias de objetivos con un mínimo margen de aprobación humana, como ocurre en Gaza e Irán, con sistemas utilizados por Israel y Estados Unidos (Stop Killer Robots).
En ese sentido, resulta insostenible el argumento de las potencias militares de insistir en que no estamos ante una realidad que reclama acciones urgentes, que pueden permitirse dilatar las deliberaciones de manera indefinida; que los procesos diplomáticos, los intereses políticos y militares, las asimetrías geopolíticas, se desarrollan en líneas temporales totalmente ajenas al daño real que se lleva a cabo en las vidas de comunidades y territorios afectados por los conflictos armados.
Es por ello que, en este contexto, y refiriéndonos únicamente al marco de la CCAC, solo habría una «única salida» posible: iniciar la negociación de un instrumento vinculante que incluya prohibiciones y regulaciones, y que pueda ver la luz lo antes posible. Un año, en el escenario más deseable, tal como lo propone uno de los documentos de trabajo presentados en esta Conferencia y que, salvo por los pronunciamientos de protesta emitidos por las delegaciones de México, Panamá, Cuba, entre otros, no ha tenido mayor repercusión en la agenda de las conversaciones. Por lo menos, hasta lo que hemos podido ser testigos los observadores presentes en la sala, porque desde el día 3, todas las consultas sobre el tema de armas autónomas han sido efectuadas a puerta cerrada.
Esta «única salida» a la que me refiero es el documento presentado por México, Austria, Bélgica, Brasil, Irlanda, Nueva Zelanda y Panamá, a través del cual dan una propuesta concreta para negociar un nuevo Protocolo jurídicamente vinculante sobre sistemas de armas autónomas. Dicha iniciativa plantea celebrar tres sesiones de negociación durante 2027 y presentar un proyecto de Protocolo en la reunión anual de la CCAC de ese mismo año. Asimismo, explica que el instrumento debería establecer prohibiciones para determinados sistemas de armas autónomas y restricciones para el desarrollo y uso de otros, además de preservar el juicio y el control humanos sobre el uso de la fuerza.
Pero esta línea apoyada por las mayorías no es la que ha concitado mayor atención en la agenda de las discusiones. Por un lado, está el documento de trabajo de Estados Unidos, presentado menos de dos semanas antes del inicio de la Conferencia, rechaza un nuevo Protocolo jurídicamente vinculante y propone prolongar durante cinco años las conversaciones para elaborar un instrumento no vinculante. Por el otro, la propuesta dada en sesión por Francia y otros Estados, que defiende una fórmula híbrida que permitiría negociar varios instrumentos, con elementos vinculantes y no vinculantes, sin cerrar de antemano su naturaleza jurídica.
Estas propuestas no representan simples diferencias de procedimiento. Definen caminos políticos distintos: por un lado, iniciar la negociación de obligaciones jurídicas internacionales; por el otro, mantener abierta la posibilidad de un instrumento no vinculante o continuar las discusiones sin un compromiso claro de negociación.
¿Qué puede ofrecer la Convención si el consenso se convierte en un mecanismo de bloqueo?
La cuestión que queda planteada va más allá del resultado de esta Conferencia. Si una mayoría de Estados está dispuesta a avanzar hacia un instrumento jurídicamente vinculante, ¿qué capacidad tiene la CCAC para responder a esa voluntad cuando el consenso permite que uno o unos pocos Estados impidan cualquier decisión? Y no solo eso, en el caso que los Estados logren acordar iniciar las negociaciones, ¿el contenido de dicho acuerdo se alineará principalmente a los intereses de las potencias militares que han manifestado abiertamente su deseo que no haya ni obligaciones, o mucho menos prohibiciones? ¿Cuánto estarán dispuestos a ceder aquellos Estados que han manifestado abiertamente su postura a favor de un instrumento vinculante? ¿Estarán a la altura de defender sus principios y, sobre todo, responder con responsabilidad a las demandas de sus propios pueblos?
La Séptima Conferencia de Examen tiene ante sí una decisión fundamental: traducir más de una década de trabajo en compromisos jurídicos capaces de responder a los riesgos humanitarios, legales y éticos de las armas autónomas. La urgencia de proteger a la población frente a los riesgos de los sistemas de armas autónomas y otras tecnologías emergentes exige decisiones políticas y normas jurídicas. La prolongación de las deliberaciones no puede seguir sustituyendo a ambas.
